En la CT —la cultura de la transición—, señalar e interpretar lo que es o no es violencia ha sido una de las mayores atribuciones culturales de los Gobiernos. Es una poderosa herramienta que los Gobiernos han utilizado para fabricar cohesión, información y políticas. Ningún otro Estado europeo ha utilizado tanto y tan bien esa posibilidad de gestionar la violencia para, por ejemplo, prohibir diarios y partidos o, a través de alocuciones absurdas e intraducibles fuera de la cultura española —verbigracia: “unidad de todos los demócratas”, u “oxigenación de banda armada”—, ampliar el concepto de violencia para penalizar oposiciones a políticas gubernamentales.

Esta sobreexplotación de la violencia es algo tan local y excesivo, en fin, que el hecho de que un gobierno fracase al instrumentalizar una violencia, como sucedió el 11-M, supone su desprestigio. Curiosamente, eso mismo ha vuelto a pasar ahora, con mayor viso de ruptura cultural, a través de los sucesos del IES Lluís Vives.

El IES Lluís Vives apareció en la prensa hace días. Mientras, para paliar el frío y protestar contra los recortes, otros estudiantes iban a clase con mantas. La semana pasada, una movilización pacífica y rutinaria de esos niños y posniños —de 12 a 18 años— en protesta por los recortes fue brutalmente reprimida por la policía. La violencia desmesurada fue seguida masivamente en Twitter. Al día siguiente no fue noticia en los medios, en lo que es una dinámica CT, esa cultura que tiende a no meterse en terrenos pantanosos no explorados por el Estado. Seis días después se repitió la ferocidad policial. La ciudadanía retransmitió nuevamente los abusos. Conforme el hashtag #PrimaveraValenciana se iba convirtiendo en trending topic, sucedió algo curioso.

Los medios convencionales se sumaron a la información en la red. Primero, desde precauciones CT, describiendo la situación como “batalla” o “enfrentamiento”, opciones que presuponen simetría y ausencia de abuso. En la tarde del lunes 20, EL PAÍS, por ejemplo, abandonó la palabra “batalla” por la opción “cargas policiales”, que asumía ya una violencia unilateral. Ese simple cambio léxico supuso un duro golpe a la CT. Al día siguiente, dos ministros aludieron a la policía como víctimas de una violencia radical. Lo normal habría sido defender ese punto de vista en los medios, señalando un enemigo violento de la democracia —concepto utilizado por el jefe de la policía valenciana, amparado por la cultura de los últimos 37 años—, a derrotar mediante la “unidad de todos los etcétera”.

Pero ya no fue posible la unanimidad en torno de la violencia propuesta por un gobierno. Varios diarios optaron por una lectura de la realidad más próxima a los hechos y más alejados del ideal cultural. Incluso, los medios públicos valencianos hablaron de presiones gubernamentales para imponer su punto de vista. Por la tarde, la delegada del Gobierno en Valencia se veía obligada a improvisar otra tesis, menos épica que la propuesta por la mañana. Otra curiosidad: durante el día, los tuits de diputados del PP tendieron a aludir a ETA, única violencia —en el caso de que aún exista— cuya interpretación, al parecer, todavía dominan.

Los titulares del día fueron menos contundentes que los alemanes —Spiegel: Brutal acción policial contra estudiantes—, por citar una cultura con un Proceso de Núremberg a cuestas. Pero, en todo caso, en 24 horas, el Gobierno español perdió su joya: su monopolio en la descripción y rentabilización de la violencia. Si el Gobierno quería experimentar en época de crisis económica y democrática la represión en una CA fiel, intervenida, sometida a corrupción y a recortes, como solución de futuro, el experimento salió mal. La sociedad identificó por sí misma la violencia. Y la interpretó. Como viene interpretando, desde hace un año, otras violencias que hace poco no había forma de codificar en nuestra cultura: la policial, la social, la económica, la judicial... la gubernamental.